Distr. GENERALE
E/CN.15/1996/20
22 de marzo de 1996
ESPAÑOL
Original : INGLÉS
COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y JUSTICIA PENAL
Quinto período de sesiones
Viena, 21 a 31 de mayo de 1996
Tema 8 del programa provisional *
Párrafos, Página
INTRODUCCIÓN 1 - 3, 2
I. COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 4 - 45, 2
A. Actividades complementarias del Noveno Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 4 - 6, 2
B. Actividades conjuntas con el Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas 7 - 16, 3
C. Colaboración con entidades de la Secretaría y otros órganos
de las Naciones Unidas 17 - 36, 5
D. Red del programa de prevención del delito y justicia penal 37, 8
E. Organizaciones intergubernamentales 38 - 41, 8
F. Organizaciones no gubernamentales y otras entidades 42 - 45, 8
II. CONCLUSIONES Y MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN SE PIDE A LA COMISIÓN 46 - 51, 9
[* E/CN.15/1996/1.]
V.96-81775 (EX)
1. En los años que siguieron a la reestructuración del programa de las Naciones Unidas de prevención del delito y justicia penal y a la creación de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social han instado repetidamente a la cooperación y coordinación de las actividades en materia de prevención del delito y justicia penal. La Comisión ha recibido periódicamente informes sobre cooperación y coordinación con otras entidades, en los que se da cuenta de un continuo crecimiento del ámbito y mejora de la calidad de las actividades de cooperación.
2. En fecha más reciente, la Asamblea General, en el párrafo 10 de su resolución 50/146, pidió al Secretario General que adoptara todas las medidas necesarias para prestar asistencia a la Comisión en el desempeño de sus funciones como principal órgano rector en materia de prevención del delito y justicia penal y para lograr la adecuada coordinación de todas las actividades pertinentes en la materia, particularmente con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión de Estupefacientes. Asimismo, el Consejo Económico y Social, en el párrafo 8 de su resolución 1995/15, exhortó a todas las organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a que siguieran cooperando con el programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal prestando apoyo a sus actividades operacionales y técnicas.
3. En el presente informe se actualiza la información sobre este tema presentada a la Comisión en su cuarto período de sesiones (E/CN.15/1995/8) y se hace una reseña de los progresos realizados y los beneficios obtenidos de la colaboración con otras entidades en cuestiones de interés común. Varios otros informes que la Comisión tiene ante sí contienen más información sobre actividades concretas.
4. De conformidad con el párrafo 29 del anexo de la resolución 46/152 de la Asamblea General, la finalidad de los congresos de las Naciones Unidas, en su nuevo formato, es actuar como órgano consultivo del programa y en tal carácter servir de foro para la prestación de asesoramiento y la presentación de observaciones a la Comisión sobre asuntos determinados, incluida la presentación de sugerencias sobre posibles temas para el programa de trabajo. La Asamblea General, en su resolución 49/157, pidió a la Comisión que en su cuarto período de sesiones prestara atención prioritaria a las conclusiones y recomendaciones del Noveno Congreso, que se celebraría en El Cairo del 29 de abril al 8 de mayo de 1995, y que por intermedio del Consejo Económico y Social recomendara a la Asamblea General, en su quincuagésimo período de sesiones, medidas complementarias apropiadas.
5. Las resoluciones y recomendaciones del Noveno Congreso fueron examinadas por la Comisión en su cuarto período de sesiones. Siguiendo la recomendación de la Comisión, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1995/27 relativa a la aplicación de las resoluciones y recomendaciones del Noveno Congreso, en la que pidió la cooperación y coordinación de las actividades con otras entidades.
6. La Asamblea General, en el párrafo 7 de su resolución 50/145, instó a todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas, inclusive las comisiones regionales y los institutos regionales de prevención del delito y tratamiento del delincuente y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes, a participar activamente en la aplicación de las resoluciones y recomendaciones del Noveno Congreso. Dado el amplio alcance de las recomendaciones del Noveno Congreso, que fueron examinadas por la Comisión y respaldadas por el Consejo, y teniendo en cuenta las limitaciones financieras e institucionales de la División de Prevención del Delito y Justicia Penal, la colaboración con otras entidades es un requisito previo indispensable para la aplicación de esas recomendaciones.
7. La Asamblea General, en el párrafo 14 de su resolución 50/146, pidió al Secretario General que siguiera reforzando la cooperación entre la División de Prevención del Delito y Justicia Penal[ La Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal fue elevada al rango de División por resolución 50/214 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1995. Para facilitar la referencia, en todo el presente documento se la denominará División.] y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). La Comisión de Estupefacientes, por resolución 9 (XXXVIII), párrafo 5, pidió al PNUFID que coordinara con la División la presentación de informes anuales a la Comisión de Estupefacientes y ayudara a la División a preparar informes a esa Comisión sobre los progresos realizados en el fortalecimiento de la coordinación. Durante el período abarcado por el informe continuó la estrecha cooperación y coordinación entre las dos entidades. Se realizaron intercambios periódicos de información sobre temas de interés común. Se planearon nuevas actividades conjuntas para prestar asistencia, entre otros países, a Angola, Kazakstán, Kirguistán, Pakistán, la ex República Yugoslava de Macedonia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Además de enviar una misión conjunta a Pakistán en marzo y abril de 1995, la oficina del PNUFID sobre el terreno prestó asistencia de carácter general a misiones de asesoramiento realizadas por sus asesores interregionales.
8. El PNUFID estuvo representado en el Noveno Congreso, donde prestó asistencia con la documentación y en la organización de un curso práctico sobre extradición y cooperación internacional: intercambio de experiencias nacionales; e incorporación de los principios pertinentes en las legislaciones nacionales. También estuvo representado en el cuarto período de sesiones de la Comisión. La División, por su parte, estuvo representada en el 38 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, así como también en la continuación de ese período de sesiones. Estuvo representada por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia en la reunión anual del Subcomité de Lucha contra la Droga del Comité Administrativo de Coordinación, celebrada en Ginebra del 31 de julio al 2 de agosto de 1995.
9. Las dos entidades siguieron estudiando medios para aumentar la cooperación en esferas de interés común, por ejemplo, a través del programa de asistencia jurídica del PNUFID y de los asesores interregionales de la División. Las esferas de posible cooperación identificadas fueron:
a) Ulterior elaboración del modelo existente de legislación sobre drogas incorporando las reglas y normas apropiadas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, por ejemplo las relativas al tratamiento de los delincuentes y los poderes de la policía. También se podrían elaborar otras leyes modelo, por ejemplo sobre medidas contra la corrupción. Estas actividades se podrían realizar en forma escalonada, a medida que lo permitieran los recursos;
b) Preparación conjunta de manuales de capacitación, teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes regiones y tradiciones jurídicas, por ejemplo en lo que hace a los procedimientos de justicia penal para el enjuiciamiento de delincuentes;
c) Aportaciones a los componentes de capacitación de proyectos nacionales;
d) Mayor intercambio de información acerca de futuras misiones.
10. Con respecto a la cooperación en actividades contra la delincuencia organizada, especialmente en lo que hace al tráfico de drogas, la Comisión de Estupefacientes, en su resolución 9 (XXXVIII), pidió a los Estados Miembros que aplicaran la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada, aprobados por la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada celebrada en Nápoles (Italia), del 21 al 23 de noviembre de 1994, y posteriormente aprobados por la Asamblea General en su resolución 49/159 de 23 de diciembre de 1994. La Comisión de Estupefacientes, en la misma resolución, pidió al PNUFID que, en cooperación con la División, prestara asistencia en la prevención y el control del blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de activos a los Estados que la solicitaran, basándose en las recomendaciones contenidas en la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles, así como en otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
11. En relación con lo anterior, el PNUFID estuvo representado en el Seminario Regional Ministerial de Seguimiento de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles, organizado por el Gobierno de la Argentina y la División en Buenos Aires, del 27 al 30 de noviembre de 1995, en el que se examinaron las actividades pertinentes posteriores a la Conferencial Ministerial Mundial. El PNUFID aportó información basada en la experiencia obtenida en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 19881, en esferas tales como el blanqueo de dinero, la asistencia jurídica mutua, la extradición y la confiscación.
12. A este respecto, la División y el PNUFID están dando los toques finales a una propuesta conjunta para un proyecto mundial sobre blanqueo de dinero, cuyo objetivo es la elaboración del marco institucional y jurídico básico para responder en forma más eficaz a la delincuencia transnacional organizada y el tráfico de dinero ilícito. La propuesta tiene en cuenta y complementa las actividades que realizan en esta esfera el Grupo Especial de Expertos Financieros, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Organización Mundial de Aduanas y otras organizaciones.
13. Las dos entidades, en cooperación con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, están planeando conjuntamente la organización de una reunión ministerial sobre la delincuencia organizada para Kazakstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que se celebrará en 1996. La primera reunión preparatoria se celebró en Viena, el 26 de enero de 1996.
14. En relación con la formulación y ejecución de un proyecto sobre creación de instituciones y mejora de las medidas de fiscalización en Ucrania, el PNUFID y la División trabajaron de consuno para prestar asesoramiento sobre las actividades de coordinación de políticas de los organismos pertinentes del sistema de justicia penal y el papel que juegan en una sociedad democrática. En relación con la ejecución del proyecto sobre creación de instituciones y mejora de las medidas de fiscalización en Belarús, preparado por el PNUFID, la División organizó dos cursos de capacitación consecutivos sobre la función de la policía en el sistema de justicia penal, para altos oficiales de la policía de Belarús.
15. Asimismo, la División participó en la reunión de expertos encargada de establecer políticas y prioridades en materia de fiscalización de drogas en el contexto del sistema de justicia penal, organizada por el PNUFID y el Consejo de Europa en Budapest, el 7 y 8 de septiembre de 1995. La reunión formaba parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo era detener el deterioro de la capacidad de los sistemas de justicia penal para cumplir una función central en la fiscalización de drogas. La División también ha prestado apoyo sustantivo a un proyecto del PNUFID ejecutado en cooperación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, establecido en Costa Rica, para armonizar la legislación sobre fiscalización de drogas en todos los países de América Central.
16. El PNUFID y la División hicieron además una aportación conjunta al Comité Especial sobre el establecimiento de una corte penal internacional en la que examinaban el proyecto de estatuto de una corte penal internacional contenido en la nota del Secretario General (A/49/355) sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional acerca de la labor realizada en su 46 período de sesiones y hacían comentarios sobre varias cuestiones de interés para la labor tanto de la Comisión de Estupefacientes como de la Comisión, por ejemplo, las medidas de prevención y lucha contra la delincuencia transnacional organizada.
17. La importancia fundamental del sistema de justicia penal en los esfuerzos de toda sociedad para cumplir normas internacionalmente reconocidas de derechos humanos y libertades individuales constituye un incentivo natural para la cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. La importancia que reviste la cooperación eficaz entre estos dos órganos fue reiterada por la Asamblea General en el párrafo 10 de su resolución 50/146; dicha cooperación siguió siendo sumamente importante para la labor de la División durante el período del informe.
18. El Consejo Económico y Social, en el párrafo 12 de su resolución 1995/13, pidió al Secretario General que alentara la coordinación de las actividades relacionadas con el empleo y aplicación de las reglas y normas entre la División y otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de aumentar su eficacia y evitar toda superposición en la ejecución de sus programas.
19. La coordinación de las actividades incluyó la asistencia a los períodos de sesiones anuales de los órganos rectores interesados, así como a reuniones especiales sobre las posibilidades de cooperación en proyectos operacionales, entre otros países, en Haití y Rwanda. Otra esfera de interés común en la que hubo cooperación fue la de los derechos de las víctimas de delitos y el abuso del poder.
20. Durante la reunión interinstitucional sobre cooperación técnica en apoyo de la labor del Comité de los Derechos del Niño, organizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en junio de 1995, se celebraron conversaciones, entre otras cosas, sobre un aumento de la cooperación. El objetivo inmediato era reunir a los miembros del Comité y de otros organismos de las Naciones Unidas con competencia en esta esfera para tratar de coordinar las actividades de cooperación técnica en apoyo de las recomendaciones del Comité para mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25 de la Asamblea General, de 20 de noviembre de 1989, anexo). La reunión ofreció también una buena oportunidad para examinar con el Centro de Derechos Humanos arreglos de cooperación relativos a su programa de servicios de asesoramiento, capacitación y ejecución de proyectos en el campo de los derechos humanos y la administración de justicia.
21. De particular interés es la elaboración de manuales y otros materiales de trabajo sobre la administración de justicia, dirigidos a los diferentes grupos de profesionales del sistema de justicia penal. Las deliberaciones se centraron en la preparación de publicaciones conjuntas en las esferas de la aplicación de la ley, los magistrados y fiscales, el enjuiciamiento de jóvenes y el tratamiento de reclusos.
22. La Asamblea General, en el párrafo 13 de su resolución 50/146, tomó nota de la contribución del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal a las misiones de mantenimiento de la paz y las misiones especiales de las Naciones Unidas, así como a las actividades complementarias de esas misiones, entre otras cosas prestando servicios de asesoramiento, y alentó al Secretario General a que, como medio de fortalecer el imperio de la ley, recomendara la inclusión del restablecimiento y reforma de los sistemas de justicia penal en las operaciones de mantenimiento de la paz.
23. La División siguió dando prioridad a la asistencia a esas misiones. Durante el período que abarca el informe prestó asistencia a misiones de mantenimiento de la paz en Haití y Rwanda. Se iniciaron conversaciones sobre la posibilidad de realizar misiones conjuntas con el PNUFID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en relación con peticiones de asistencia recibidas de Angola y Liberia.
24. En 1995 la División prestó asistencia a un programa de capacitación para altos oficiales de la policía y las fuerzas armadas de Burundi. El programa fue organizado por el Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law en cooperación con el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, la Oficina del Representante Especial del Secretario General en Burundi y la División.
25. La Asamblea General, en el párrafo 9 de su resolución 50/146, pidió al Secretario General que facilitara, cuando procediera, la adopción de medidas conjuntas, inclusive actividades bilaterales, así como la formulación y ejecución conjuntas de proyectos de asistencia técnica que beneficien a los países en desarrollo y a los países en transición, con la colaboración de los países donantes interesados y de los organismos de financiación, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, con miras a establecer y mantener sistemas eficientes de justicia penal en cada país como componente esencial de las actividades encaminadas al desarrollo.
26. En la misma resolución se instaba, entre otros, al PNUD a que apoyara las actividades de cooperación técnica en materia de prevención del delito y justicia penal y a que incluyera actividades de esa índole en su programa. Se pedía además al PNUD que utilizara los conocimientos especializados del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y que colaborara estrechamente en lo que se refiere a los proyectos de asistencia técnica y las misiones de asesoramiento pertinentes.
27. También el Consejo Económico y Social, en el párrafo 7 de su resolución 1995/9, instaba al PNUD, entre otros, a que considerara debidamente la posibilidad de incluir proyectos de prevención de la delincuencia urbana en sus programas de asistencia técnica.
28. La colaboración y coordinación con el PNUD ha continuado creciendo en alcance e intensidad. Por conducto de las oficinas extrasede del PNUD siguieron llegando a la División peticiones de asistencia técnica en materia de prevención del delito y justicia penal. Las propuestas de proyectos preparadas por la División en respuesta a peticiones de Estados Miembros se siguieron enviando de ordinario al PNUD para su examen en relación con la financiación y la posibilidad de realizar actividades conjuntas. También se establecieron contactos con el PNUD a fin de desarrollar el marco necesario para una cooperación más estrecha, especialmente en vista de las recientes novedades en la esfera de la asistencia para el desarrollo, en la que los aspectos de prevención del delito y justicia penal adquieren creciente importancia, en particular con respecto a proyectos sobre el estado de derecho, la seguridad ciudadana y el concepto de la buena gestión de los asuntos públicos.
29. Representantes residentes del PNUD ayudaron a realizar misiones de asesoramiento y a elaborar proyectos de seguimiento. También colaboraron en los cursos prácticos subregionales organizados por la División: en Barbados, en abril de 1995, y en Kampala, en julio del mismo año. Esta colaboración también se prestó en relación con la misión de asesoramiento realizada en el Brasil, en mayo de 1995, en respuesta a una petición de asistencia para reformar el sistema penitenciario. Como resultado de esa misión se prepararon, en cooperación con el PNUD, dos amplias propuestas de proyectos para la reforma de los sistemas penitenciarios de los estados de Río de Janeiro y Río Grande do Sul, que servirían de modelos para los restantes estados del Brasil.
30. El PNUD ayudó a obtener la financiación del proyecto preparado por la División para mejorar la gestión de los asuntos públicos en relación con la prevención del delito y la administración de justicia penal en la ex República Yugoslava de Macedonia. El PNUD también financió una misión de asesoramiento a Kazakstán y Kirguistán en septiembre de 1995.
31. La Asamblea General, en el párrafo 6 de su resolución 50/145, relativo a los aspectos operacionales de la aplicación de las recomendaciones del Noveno Congreso, instó al Departamento de Apoyo al Desarrollo y de Servicios de Gestión de la Secretaría a que siguiera proporcionando apoyo financiero y asistencia en el marco de sus programas de cooperación técnica.
32. Durante todo el período del informe se mantuvieron contactos periódicos con ese Departamento. Como resultado de las deliberaciones celebradas en la 12 reunión del Grupo de expertos en materia de administración y finanzas públicas, organizada por el Departamento de Apoyo al Desarrollo y de Servicios de Gestión en Nueva York, en agosto de 1995, se recomendó que se prestara la debida atención al establecimiento de programas de capacitación dirigidos a los funcionarios de más alto nivel de las administraciones públicas en los planos nacional, subregional o regional a fin de mejorar la capacidad de los gobiernos para resolver las nuevas cuestiones relacionadas con la sociedad civil y la revitalización de la función pública. Las dos entidades prevén elaborar y celebrar conjuntamente cursos de ese tipo en la esfera de la administración de justicia penal durante el período 1996-1997.
33. Además, en la 12 reunión del Grupo de expertos se celebraron deliberaciones sobre la elaboración de la base jurídica adecuada para combatir la corrupción, incluidas las reglas y normas relativas a la conducta de los titulares de puestos públicos, así como claras prohibiciones, sanciones y procedimientos estatutarios para investigar, enjuiciar y castigar a personas que realicen actos de corrupción. En este contexto se examinaron modalidades de colaboración en el desarrollo de una política conjunta contra la corrupción, especialmente adaptada para los países en desarrollo y los países en transición. Asimismo, la División, en cooperación con el Departamento de Apoyo al Desarrollo y de Servicios de Gestión, elaboró proyectos regionales para Europa central y oriental, Asia oriental y América Latina sobre la cuestión de la corrupción; se está buscando financiación para estos proyectos.
34. Un tercer tema de discusión durante la 12 reunión fue el desarrollo de capacidad administrativa para la restauración y rehabilitación del mecanismo de gobierno después de los conflictos. Esta es una esfera de actividades creciente de la División, que ha obtenido, en virtud de sus permanentes contribuciones a las misiones de mantenimiento de la paz y misiones especiales de las Naciones Unidas, amplios conocimientos y experiencia práctica.
35. A este respecto, representantes de la División asistieron al Coloquio Internacional sobre Estrategias de Reconstrucción después de los Conflictos (23 y 24 de junio de 1995), organizado por la Dependencia de Apoyo a la Reconstrucción y al Desarrollo del Departamento de Apoyo al Desarrollo y de Servicios de Gestión. El Coloquio, que contó con el patrocinio del Gobierno de Austria, reunió a representantes de las diversas entidades de las Naciones Unidas interesadas en esta esfera y a representantes de Gobiernos y de organizaciones no gubernamentales. El objetivo principal del Coloquio era preparar propuestas prácticas concretas para una acción eficaz y concertada del sistema de las Naciones Unidas. Como resultado del coloquio se publicará un inventario de actividades de establecimiento de la paz después de los conflictos, preparado por el Grupo de trabajo sobre el establecimiento de la paz después de los conflictos.
36. Como parte de la asistencia prestada a Rwanda, con financiación del Departamento de Apoyo al Desarrollo y de Servicios de Gestión, la División estuvo representada en una conferencia de mesa redonda y en un examen de mitad de período de la asistencia a ese país, organizados por el PNUD en Kigali, el 7 y 8 de julio de 1995. La conferencia, que incluyó un curso práctico sobre reforma judicial y condiciones en las cárceles, hizo un cierto número de recomendaciones sobre actividades de seguimiento. Se celebraron conversaciones con representantes del Gobierno de Rwanda así como con varias otras entidades de las Naciones Unidas que realizaban actividades en el país. Como resultado de esa conferencia se desarrollaron dos propuestas de proyecto, para las que se está buscando financiación, sobre los procedimientos policiales de reunión de pruebas y la capacitación del personal penitenciario.
37. Los esfuerzos realizados para lograr una cooperación y coordinación más estrechas con la red del programa de prevención del delito y justicia penal, y dentro de ésta, continuaron durante el período de marzo a diciembre de 1995. Con ocasión del Noveno Congreso se publicó un documento conjunto en el que se presentaban los institutos miembros de la red y sus actividades.
38. La División mantuvo contactos con muchas organizaciones intergubernamentales intercambiando información sobre cuestiones de interés común así como sobre la financiación de proyectos específicos. Entre estas figuraban la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Comisión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Secretaría del Commonwealth, el Consejo de Europa, el Organismo de Cooperación Cultural y Técnica (OCCT), la Organización Internacional de Policía Criminal, el Grupo Especial de Expertos Financieros y la Confêrence internationale des barreaux de tradition juridique commune.
39. Quince organizaciones intergubernamentales participaron como observadoras en el Noveno Congreso, un significativo incremento en relación con el Octavo Congreso. Siete organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas como observadoras en el cuarto período de sesiones de la Comisión. Esto representa una ligera disminución en comparación con el tercer período de sesiones, que puede explicarse por el breve intervalo entre la celebración del Noveno Congreso y el último período de sesiones de la Comisión.
40. La División estuvo representada en la tercera Conferencia de Ministros de Justicia de países francófonos, organizada por la OCCT en El Cairo del 29 de octubre al 3 de noviembre de 1995. Asistieron a la Conferencia delegaciones de 47 países, de las cuales 29 estaban presididas a nivel ministerial. La Conferencia reafirmó la importancia de las conclusiones del Noveno Congreso. Pidió además una cooperación más estrecha con el programa de las Naciones Unidas de prevención del delito y justicia penal. La cooperación con la División se incluyó en el programa de acción del Organismo para los años 1996 a 2000 con el objetivo, a nivel mundial, de promover una gestión democrática de los asuntos públicos y el desarrollo sostenible en un estado de derecho, mediante el fomento de un poder judicial independiente, accesible y eficiente.
41. El Organismo financió y organizó también la publicación y difusión de ejemplares adicionales de la Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal2 en francés, así como de la traducción al francés del manual de capacitación básico para agentes correccionales, desarrollado por el Consejo Consultativo Internacional Científico y Profesional. Asimismo, la versión en francés de la Recopilación está siendo adaptada para facilitar su consulta por computadora.
42. Las organizaciones no gubernamentales contribuyeron a la labor del programa de prevención del delito y justicia penal de diversas maneras, desde el intercambio de información, la difusión de información sobre el programa de las Naciones Unidas de prevención del delito y justicia penal, la participación en reuniones de expertos y los cursos y seminarios de capacitación hasta el desarrollo de materiales de trabajo y otras publicaciones.
43. Setenta y tres organizaciones no gubernamentales y más de 190 expertos individuales participaron en el Noveno Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Esto representó un aumento de dos tercios respecto del Octavo Congreso; el número de las que participaron en el cuarto período de sesiones de la Comisión, en cambio, disminuyó ligeramente.
44. Los observadores de las organizaciones no gubernamentales y los expertos que participaron a título individual en el Noveno Congreso y en el cuarto período de sesiones de la Comisión jugaron un importante papel, particularmente haciendo observaciones en su calidad de observadores sobre los temas sustantivos de los programas, basándose en su amplia experiencia práctica sobre el terreno o en su distinguida actuación académica en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.
45. Asimismo, durante el Noveno Congreso las organizaciones no gubernamentales y otras entidades organizaron 18 reuniones paralelas y dos reuniones orientadas hacia asuntos prácticos sobre cuestiones relacionadas con los temas sustantivos del Congreso. También se celebraron diariamente reuniones de orientación para representantes de organizaciones no gubernamentales y expertos individuales. Hubo también varias reuniones especiales y de grupos de trabajo acerca de temas específicos. A estas reuniones asistieron, en promedio, de 25 a 50 participantes en representación de Gobiernos y de organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y otras entidades profesionales, así como académicos y expertos de campo a título individual, todos con un alto nivel de experiencia en los temas examinados.
46. La cooperación y coordinación de actividades con otras entidades siguió siendo una cuestión de gran actualidad, en particular después de la reestructuración del programa de las Naciones Unidas de prevención del delito y justicia penal. En esta evolución han influido dos factores decisivos principales. En primer lugar, dado el actual nivel de recursos humanos y financieros de la División, la cooperación y coordinación con otras entidades es y seguirá siendo una condición esencial para el cumplimiento satisfactorio de muchos de los mandatos del programa. Por esta razón, para el desarrollo de una estrategia de las Naciones Unidas amplia y orientada hacia los resultados en esta esfera es fundamental que las actividades de los órganos de las Naciones Unidas sean coordinadas por una entidad que asuma la responsabilidad general por esta tarea. En resoluciones de la Asamblea General se ha mencionado repetidas veces a la Comisión como el principal órgano normativo de las Naciones Unidas en su esfera de competencia. En segundo lugar, el mejoramiento de sistemas de justicia penal eficientes y democráticos es un elemento esencial del desarrollo de la democracia, por lo que varios programas de las Naciones Unidas, así como numerosas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, pueden prestar asistencia en esta esfera. Sin embargo, las principales prioridades de estas entidades, con excepción del PNUFID, no se refieren a cuestiones de prevención del delito y justicia penal sino a esferas conexas como, por ejemplo, los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente. La cooperación con estas entidades es esencial para evitar la superposición de actividades y el uso ineficiente de los recursos.
47. Durante el período del informe se aplicó un criterio más sistemático a la cooperación y la coordinación. Con la asistencia de dos asesores interregionales, la División pudo iniciar nuevas actividades y ganar confianza en sí misma, una buena reputación y una mayor visibilidad en el campo de la asistencia técnica en materia de prevención del delito y justicia penal. Esto, a su vez, aumentó las oportunidades para examinar arreglos de colaboración.
48. La aplicación de este enfoque sistemático, sin embargo, exige muchos recursos, tanto de personal como financieros, para poder organizar reuniones de coordinación y participar en ellas. Por ejemplo, las limitaciones en los fondos asignados a la participación en importantes reuniones de órganos normativos pueden perjudicar las posibilidades de promover la cooperación y asegurar la coordinación. La aplicación de las medidas de reducción de costos de conformidad con el boletín del Secretario General ST/SGB/278, de 14 de septiembre de 1995, han influido negativamente sobre el impulso logrado.
49. El desarrollo de una red eficiente para la reunión de información y el mantenimiento de contactos con entidades que trabajan en esferas similares es una herramienta importante para lograr la coordinación informal, así como un elemento importante de toda estrategia de cooperación efectiva. El ulterior fortalecimiento de la red de las Naciones Unidas de información sobre delincuencia y justicia es, por lo tanto, una cuestión sumamente importante. De igual modo, el conocimiento pormenorizado de las necesidades a nivel mundial y de las actividades de asistencia técnica realizadas por los Gobiernos y otras entidades es otro elemento fundamental de dicha estrategia. El desarrollo de la red para reunir información sobre las actividades de asistencia técnica que se realizan en el plano internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1994/22 y el párrafo 1 de la resolución 1995/12 del Consejo Económico y Social, puede ser un importante avance hacia una utilización más eficiente de los recursos.
50. La Comisión, teniendo presente la necesidad de fortalecer la coordinación entre organismos en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, y teniendo debidamente en cuenta la necesidad de reducir los costos de tales actividades, así como las posibilidades que ofrecen los recientes adelantos en la tecnología de la información, quizá desee pedir lo siguiente:
a) Organización de una reunión interinstitucional especial, con el objetivo de establecer un marco institucional para una cooperación y coordinación más estrechas de las actividades en esta esfera;
b) Establecimiento de un foro electrónico para el intercambio de información entre organismos, mantenido por la División en su calidad de principal órgano coordinador en esta esfera y como parte de su función de centro de intercambio de información.
51. Teniendo en cuenta la diversidad de actividades y la complejidad de las tareas que conlleva la prestación de asistencia a países para el desarrollo o el mejoramiento de instituciones de justicia penal eficientes y democráticas, así como la necesidad de coordinar estas actividades para evitar solapamientos e ineficiencias, la Comisión quizá desee examinar la posibilidad de:
a) Reafirmar la función de la División como principal mecanismo facilitador y coordinador de la asistencia técnica en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal;
b) Instar a los Estados que todavía no lo hubieran hecho a que proporcionen a la División periódicamente la información pertinente sobre sus actividades;
c) Alentar intercambios de información periódicos entre gobiernos donantes y organismos de financiación, no sólo para mobilizar recursos para proyectos de asistencia técnica sino también para asegurar la coordinación de las actividades.
1. Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de una Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 25 de noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol.I (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.94.XI.5).
2. Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.92.IV.1.